De cazadores y funcionarios

Con el otoño llega puntualmente un debate estacional: la caza. A los argumentos esgrimidos por el amplio y creciente grupo de detractores, los aficinados al ocio cinegético siempre oponen el argumento de que practicar la caza con mesura y consideración, lejos de dañar al entorno natural, contribuye al equilibrio ecológico del mismo. Los desmanes que a veces se aprecian en montes y campos son obra de un grupo reducido de energúmenos que lejos de poder ser denominados con el honorable término de cazadores, merecen el apelativo de escopeteros. Y claro, los cazadores abundan en el debate, pero la de los escopeteros, es una especie que sólo se conoce de oídas.

Pues algo parecido ocurre al debatir la cuestión de la función pública cuando de manera no estacional pero sí periódica algún informe o artículo en los medios aborda el tema. Inevitablemente los argumentos de aquellos que defienden la profesionalidad e implicación de los funcionarios me recuerdan a los que esgrimen los cazadores. Recientemente el diario El País publicó un artículo relativo a la función pública. El mayor debate que provocó se refería al creciente, según el artículo, número de funcionarios, algo recurrente en otros artículos e informes, cuestión a la que plumas como la de Vicenc Navarro en el diario Público dieron cumplida réplica.

No obstante lo que a mí me llamó más la atención del artículo en cuestión no fueron las menciones al número de funcionarios, sino las referencias a la imposibilidad de evaluar el desempeño de éstos: Ser más o menos productivo no tiene consecuencias - El reto es evaluar al funcionario. Aquí si veo yo un problema grave y es aquí donde aparecen los cazadores. En diversas réplicas blogosféricas y sus correspondientes comentarios, el acento se pone en la defensa de la profesionalidad e implicación de los funcionarios cuando se les permite trabajar en condiciones de libertad y confianza. De alguna forma se viene a decir que el problema no son los propios funcionarios sino un entorno de trabajo que no facilita la implicación y la productividad. Creo que tienen razón en la segundo afirmación pero no en la primera.

A lo largo de mi trabajo en las Administraciones Públicas he podido constatar que hay muchos trabajadores comprometidos con su función y con la mejora de ésta. Pero también los hay de otros tipos. No me refiero al clásico indolente e irresponsable de los chistes de Forges. De éstos quizás haya: en todas partes hay gente así. Me refiero más bien a personas que son en términos generales competentes en sus puestos de trabajo, que desempeñan su trabajo con corrección. Pero desconfían por sistema de los cambios, son reticentes a aportar los esfuerzos añadidos que requieren las transformaciones y tienden por naturaleza a evitar cualquier tipo de conflicto que altere su tranquilidad. Su trabajo ordinario sale adelante, pero no facilitan la mejora, modernización e innovación.

Y el problema de la actual función pública es que es muy difícil recompensar a trabajadores y directivos competentes y comprometidos con la mejora de su actividad porque no existen las herramientas adecuadas para evaluar el desempeño y actuar en consecuencia. En algún post o comentario se mencionaba la posibilidad de abrir una expediente sancionador para corregir determinadas actitudes. A mi modo de ver ésta es una herramienta para casos extremos que no sirve para afrontar el problema principal: desempeño correcto, implicación mínima.

También he leído un argumento que me ha inquietado. Es el que dice que una evaluación del desempeño eficiente siempre pasa por un factor de apreciación personal, subjetivo. Pero el problema no es ese, el problema estriba en que en última instancia esa apreciación subjetiva estaría en manos de responsables políticos. Este argumento responde a un estereotipo de los políticos tan injusto como el que tilda a todos los funcionarios de irresponsables e indolentes. Es muy triste ver estos reproches, también los he escuchado en sentido contrario, entre personas pertenecientes a colectivos condenados a trabajar estrechamente por el bien común.

Y sin quitar responsabilidad a los cargos políticos en el mantenimiento de la actual situación de la función pública, alguna tienen también los funcionarios, habida cuenta de que es el miedo a su reacción, a la conflictividad social que pudiera generar, una de las grandes barreras para que los primeros introduzcan cambios significativos y necesarios en esta materia.

Por este motivo, las opiniones de algunos trabajadores y directivos públicos que he leído en algunos blogs me han decepcionado porque desisten de asumir ninguna responsabilidad y por su falta de autocrítica. A diferencia del entorno natural que es necesario conservar frente a la actuación de muchos cazadores, el entorno de la función pública necesita una transformación profunda, que es impensable sin la implicación y el compromiso de los funcionarios.