El riesgo en la cultura administrativa, incluso en temas legales

Ha resultado un auténtico placer compartir caminata montañera con Jordi Graells, Iñaki Ortiz y Alberto Ortiz de Zárate. El placer fue general: la compañía, el día, el lugar (sierra de Aitzgorri), las cervezas, ... Fue un evento auténticamente lúdico, incluyendo en esta categoría el tiempo que empleamos en hablar sobre los temas propios de nuestra actividad profesional.

En un momento dado Jordi nos pidió que hiciésemos una pequeña reflexión, no más de cinco minutos, sobre un tema relativo a la transformación de las Administraciones Públicas. Tras darle un par de vueltas, retomé un hilo de una conversación que habíamos mantenido poco antes y reflexioné sobre el riesgo. Voy a intentar reflejar aquí el mismo razonamiento mas que nada por seguir pensando sobre ello, mostrarlo de una forma más estructurada y exponerlo a debate.

Recuerdo un post anterior que trataba sobre la generación de ideas y la necesidad de producir muchas malas para poder tener alguna buena. Lo que sucede es que sólo sabemos que una idea es mala o buena una vez puesta en práctica. En este sentido el riesgo es una componente intrínseca a cualquier proceso de transformación/innovación.

Tanto en las administraciones públicas como en cualquier otro tipo de organización, cuando hacemos un planteamiento transformador, aunque sólo lo sea a muy pequeña escala, nos encontramos dos perfiles de personas. Por un lado tenemos los que inmediatamente son capaces de mostrarnos al detalle todo tipo de barreras y peligros. Luego están los que nos ofrecen pistas y caminos a seguir.

Ambos tipos de respuestas son necesarias en un adecuado proceso de toma de decisiones como bien destaca un reciente artículo de McKinsey. Pero a mí no me cabe ninguna duda de que las segundas nos aportan mucho más que las primeras, aunque sólo sea por el ánimo que nos transmiten. Porque la primera condición para que se produzca un cambio es intentarlo.

En las Administraciones Públicas hay un subgrupo muy particular dentro del primer perfil: son aquellas personas a las que la normativa vigente les impide hacer nada que suponga un mínimo cambio sobre los procedimientos, hábitos y costumbres en vigor. La ley es la coartada perfecta para desaconsejar cualquier tipo de transformación.

Y curiosamente los que recurren a la ley no son en muchos casos especialistas o personas con formación en temas jurídicos: este tipo de tabús, una vez formulados con más o menos criterio, se expanden con sorprendente facilidad y quedan sólidamente asentados en las mentes de las personas. Pero incluso en el caso de personas con formación en materia legal, existe un desconocimiento preocupante de leyes como la 11/2007 de acceso electrónico a los servicios públicos, que permiten hacer las cosas de manera distinta con plena cobertura legal.

Además del desconocimiento, una de las motivaciones más comunes para invocar la ley como freno a propuestas transformadoras es el miedo a cometer un error que provoque la desaprobación de jefes, interventores, parlamentarios y, llegado el caso, la justicia divina. Que no deja de ser una resistencia a abandonar la zona de confort personal. Lo cierto es que la cultura actual de funcionamiento de las administraciones públicas, y en general de cualquier gran organización, induce a adoptar este comportamiento conservador.

Es necesario introducir un cambio cultural que haga comprender a los trabajadores de la administración que la ley es flexible y que es necesario buscar sus límites para avanzar en la transformación. Que una corrección por parte de una instancia superior es, simplemente, una diferencia de criterio. Que es precisamente el contraste de diferentes pareceres y ópticas lo que va a conducir a una ajustada y a su vez avanzada aplicación de la ley.

Hace falta incidir en la formación y la actualización continua del conocimiento de trabajadores y directivos públicos, especialmente de aquellos que desempeñan labores de asesoría jurídica o relacionados con el desarrollo e interpretación de normativa, para que puedan adoptar posiciones innovadoras, que aun siendo discutibles, estén rigurosamente fundamentadas en la legislación vigente.

Pero, sobre todo, es necesario que los responsable públicos dejen a sus colaboradores pensar con autonomía suficiente para encontrar nuevas interpretaciones sin que la posible discrepancia con otras instancias sea entendida como indicador de ignorancia, incompetencia o falta de rigor.

En definitiva, para poder transformar realmente las Administraciones Públicas es necesario que sus trabajadores y responsables asuman el riesgo como una componente necesaria de su quehacer, incluso, y sobre todo, cuando se trata de temas con implicaciones legales.